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18 octubre, 2014

Luciano Arruga Página 12Por Adriana Meyer

Habían pasado dos meses de su desaparición cuando su hermana, Vanesa Orieta, le decía a Página/12 que lo buscaban con vida, pero “conscientes de que quizá ya no se apunte a eso”. Ya había empezado su peregrinar por las instituciones exigiendo respuestas sobre el pibe que para ese momento, marzo de 2009, ya habría cumplido 17 años, que era solidario con los chicos de la calle, trabajaba en una fundición y cartoneando, le gustaba escuchar cumbia y reggaeton, y era fanático de River. Fueron años de bregar en soledad y juntar bronca e impotencia por la inacción policial, judicial e institucional. Los ocho policías implicados en el caso jamás fueron indagados y siguen en actividad. A pocas horas de que fuera aumentada a un millón de pesos la recompensa por información sobre el paradero de Luciano, quienes siguieron la investigación desde la primera hora comparten las mismas dudas y sospechas de la familia y sus abogados, y sostienen que el hallazgo del cuerpo no completa el rompecabezas que se desarmó, probablemente, cuando Arruga se negó a delinquir para los policías bonaerenses que lo hostigaban en el barrio 12 de Octubre, partido de La Matanza.

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6 octubre, 2014
OC
          Imagen obtenida de Cencos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 19 de agosto de 2014 la Opinión Consultiva número 21 promovida por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay titulada: “Derechos y garantías en el contexto de migración y/o en necesidad de protección”[1]. Este documento si bien no tiene carácter vinculante, procura establecer un piso mínimo de protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe.

La opinión consultiva forma parte de un conjunto de estrategias que se están emprendiendo desde los organismos de Derechos Humanos ante las situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la Región[2]. Es oportuna ante la emergencia humanitaria que se vive en la frontera de Estados Unidos y México así como en las fronteras internas de Centroamérica. Si bien estas situaciones resultan extremas, los riesgos a los que se exponen los niños, niñas y adolescentes migrantes son similares en el resto de la región: violencias físicas y psicológicas; exposición a ser víctimas de trata o de explotación laboral, privaciones de libertad; privación de derechos sociales, económicos y culturales, expulsión y separación de sus familias.

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17 septiembre, 2014

CIDH  emitió un comunicado de prensa a raíz de  su visita realizada a Uruguay los días 1 al 5 de setiembre de 2014. El objetivo de la visita fue expresar su posición con respecto a la consulta plebiscitaria que se llevará a cabo en el mes de Octubre próximo, que propone una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 años a los 16 años.

“En su visita a Uruguay, la Comisionada ha tomado conocimiento de iniciativas legislativas en el país que implican regresiones respecto de los estándares alcanzados en el marco de los procesos de adecuación de la legislación interna a los postulados de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el corpus juris en la materia. En este sentido, la Relatora observa que la aprobación de la nueva reforma constitucional a ser sometida a consulta plebiscitaria junto con las elecciones de octubre de 2014, que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad, constituiría una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y en contra de los tratados internacionales ratificados por el Estado, dado que infringe la garantía del adolescente de ser procesado penalmente bajo una justicia juvenil excepcional y especializada”.

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