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20 mayo, 2015

En los últimos días hemos sido sacudidos por diferentes hechos y noticias que tienen por protagonistas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en carácter de víctimas de delitos y diferentes tipos de violencias.

El lunes 11 de mayo amanecimos con la escalofriante noticia de la muerte de Chiara Páez , adolescente, de 14 años, embarazada, que apareció enterrada en casa de su novio, también joven, Manuel, de 16 años. De acuerdo a la información disponible y facilitada a los medios de comunicación por los Fiscales que intervienen en la causa, todo parece indicar que el embarazo de ella fue el detonante. Su aparente negativa a practicarse un aborto fue lo que le costó la vida. La paradoja de conservar una vida en ciernes le costó la propia. Este caso, que se suma a los tantos femicidios registrados en los meses que transcurrieron de este año, nos despierta a reflexionar, entre otras cosas, sobre las violencias, sus diversas formas y sus denominadores comunes. Para quienes observamos el funcionamiento de las agencias del Estado, necesariamente y en este caso en particular, nos implica preguntarnos por las políticas públicas brindadas para atender este emergente social. Cuando las violencias se instalan como forma de tramitar conflictos entre las personas, y especialmente cuando las víctimas de esas violencias son los grupos eternamente postergados en la sociedad, como la población infanto juvenil y dentro de ellos especialmente las mujeres, las agencias estatales encargadas de administrar las políticas públicas deben replantearse su accionar, revisar el cumplimiento de las normas vigentes y el dictado de las faltantes; deben revisar sus prácticas y la efectividad de sus dispositivos de manera urgente.

El jueves 14 de mayo, la Justicia, nos sorprendió gratamente con la sentencia condenatoria dictada contra el policía que intervino en las torturas perpetradas contra Luciano Arruga meses antes de su desaparición, que recién se supo que había sido muerte inmediata casi seis años después… A la violencia institucional ahora reconocida como tortura en un fallo ejemplificador, se le sumó la violencia de la incertidumbre de muchos años, acrecentada por la indolencia de quienes tomaron intervención y sin haber agotado los recursos para averiguación de identidad, lo enterraron como NN. Solo la perseverancia de la familia y la acción de organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil mantuvieron el caso vivo en la contienda judicial y el reclamo de justicia.

El lunes 18 de mayo, es decir, a una semana del femicidio de Chiara, y en una semana sacudida por otras violencias como las del fútbol, como las de los talleres clandestinos donde murieron dos niños quemados y la trata de personas, otro fallo judicial nos vino a conmover pero esta vez brutalmente: el fallo de Casación que redujo la pena a un condenado por violación y corrupción de un niño de 6 años, aludiendo que el agravante del delito y el grave ultraje sufrido por el niño, ya había sido consumado en forma previa al accionar del sujeto condenado. Y lo más grave, la atribución de una inclinación sexual definida por parte de la víctima. No es objetivo de esta declaración entrar en las disquisiciones jurídicas en cuyos entramados se sumergen los juristas. A los efectos de la indignación, bastan las palabras de los camaristas: “Finalmente, es claro que la elección sexual del menor, malgrado la corta edad, a la luz de los nutridos testimonios de sus próximos, ya habría sido hecha (conforme a las referencias a la recurrencia en la oferta venal y al travestismo). Ignoro en qué medida tenga esta aproximación que permiten formular esos aportes su causa en el pasado más remoto del pequeño niño cuyo padre fuera preso por abusador  y cuya madre lo abandonara a merced de una abuela (…). Es por ello que creo que –ausente toda otra imputación referida a un torcimiento del desarrollo sexual del menor – efectivamente el imputado ha tenido para con este infortunado niño comportamientos lascivos, pero a la luz de todo lo dicho y sobre todo en virtud de que la figura  excogitada reclama que el abuso sexual haya resultado en concreto gravemente ultrajante, es que debo conceder que no creo que este carácter tan expresamente definitorio de este supuesto de abuso haya concurrido contingentemente. Me afecta al respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refiriera. En todo caso y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso”.

Lo nuestro, desde este espacio, es una vez más pronunciarnos. En este caso, nuestro pronunciamiento es un abierto repudio a los Camaristas que firmaron el fallo, despojando al delito del agravante, reculpabilizando a la víctima y habilitando la recuperación de la libertad por parte del autor de tan repudiable conducta.

Nos preocupa además, como Observatorio de Adolescentes y Jóvenes en relación a las agencias de control social penal, la culpabilización de las víctimas, reeditando el triste cliché de “que algo habrán hecho para merecer los que les pasa”.

¿Es que acaso, Luciano Arruga fue responsable de su propia muerte, o fue víctima de un sistema de corrupción policial que castigó su rebeldía de no querer ser funcional a ese sistema y luego de una justicia y un aparato político que hicieron oídos sordos a los pedidos de esclarecimiento de los hechos?

¿Es que acaso los niños que murieron en los talleres clandestinos, son responsables de su muerte? ¿Lo son sus padres?, ¿O más bien son víctimas de un sistema que habilita, a partir de la falta de auditoría y de control la existencia de estos modos de explotación y de trabajo esclavo?

¿Es que acaso Chiara fue culpable de su muerte? ¿O más bien fue víctima de la hipocresía de quiénes la rodeaban en su círculo más íntimo? En el caso de Chiara se la acusa de haber vivido su propia sexualidad. Si pretendemos evitar otras situaciones como la que terminó con la vida de Chiara, debemos sacar el problema de una mirada individual, debemos evitar que se reinscriba la responsabilidad en el orden de lo personal de “un loco”, “un violento” y mirar que Chiara fue víctima de una sociedad que no cuida de sus jóvenes, que los estigmatiza hipócritamente y los castiga a partir de miradas adultocéntricas que no buscan su participación plena para la configuración de la sociedad de la cual forman parte, sino su subordinación. Debemos ver que Chiara fue víctima de una sociedad patriarcal que no cuida de sus mujeres y niñas, que las estigmatiza, abusa de ellas y las cosifica como objetos desechables.

Acaso, el niño de 6 años, ¿es culpable de haber sufrido abusos a repetición y de diferente índole desde su más temprana infancia? ¿De qué manera y en qué instancias fue escuchado? ¿No se tratará de un caso de vulneración excepcional de derechos que hubiera ameritado medidas de protección igualmente excepcionales?

Desde el Observatorio de adolescentes y jóvenes propugnamos por el mejor tratamiento de nuestros niños y de nuestros jóvenes, por el respeto de sus derechos, por la aplicación de medidas de protección reales, por el contundente reproche estatal a cualquier forma de violencia institucional, sea a  través del uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad, sea a través de la violencia que produce la negligencia y la falta de auditoria de las condiciones de trabajo, sea a través de la violencia que significa el incumplimiento de las leyes de promoción y protección de derechos vigentes desde hace 20 años en nuestro país, sea a través de la violencia de los fallos judiciales, que contrariamente a su esencia, no imparten justicia sino indignación, tristeza e impotencia.

 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 2015.-


Observatorio de adolescentes y jóvenes

Instituto Gino Germani

Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Buenos Aires

www.observatoriojovenes.com.ar

 

 

 

20 mayo, 2015

consulta ippdh 2 El Observatorio de  adolescentes y Jóvenes  participó el 20 de mayo  de 2015 en la Consulta  Pública organizada por el  Instituto de Políticas  Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) y la Unidad de Participación Social del MERCOSUR (UPS), una actividad organizada con el objetivo de consolidar las propuestas de la sociedad civil sobre las temáticas de derechos humanos que deben ser abordadas en el ámbito del MERCOSUR y específicamente en la labor del Instituto (IPPDH).

La jornada fue muy interesante y nos permitió conocer las demandas de derechos de otros espacios de la región, encontrar grandes conincidencias en las preocupaciones de los otros países y militantes en relación a la niñez y adolescencia, y conocer asimismo problemáticas nuevas. En relación a la infancia hubo una coincidencia en la necesidad de abordar el no a la baja de edad de imputabilidad penal como una política común de derechos humanos en la región. Asimismo desde el observatorio propusimos que el IPPDH participe e incida en la generación de información pública confiable por parte de las agencias del Estado asi como el diseño y generación de indicadores comunes en la Región en materia de derechos humanos en general y sobre infancia en particular. Celebramos la invitación a la sociedad civil y los grupos de investigación académica a participar de estas discusiones y espacios y esperamos que se profundicen é instauren estas metodologías de articulación y diálogo.

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18 mayo, 2015

Desde el Observatorio participamos el pasado lunes 18 de mayo de la Primer Jornada “Reconstruyendo prácticas periodísticas sobre Infancia y Juventud” organizada por el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – Universidad Nacional de La Plata.

Los panelistas fueron Cynthia Ottaviano (Defensora del Público), Julián Axat (titular del programa acceso comunitario a la Justicia, Ministerio Publico Fiscal) y Analía Elíades (experta en información internacional, derecho a la comunicación).

Luego los asistentes se dividieron en cuatro mesas de trabajo para discutir a lo largo de una hora los siguientes ejes: Violencia institucional, Género y sexualidades, Participación política y Niñez. Desde el Observatorio de adolescentes y Jóvenes participamos del eje Violencia Institucional aportando la mirada desde el accionar de las agencias socio-penales, las políticas de control social que se despliegan en los territorios y los desafíos aun pendientes en esa materia.

8 mayo, 2015

 

El pasado Jueves 7 de mayo tuvo lugar un Taller de Planificación Estratégica sobre el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, organizado por UNICEF en Argentina, en el marco de la planificación de sus actividades de cooperación para el período 2016-2020.

El OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES fue invitado a la actividad, a la que concurrieron representantes de los órganos de niñez de muchas provincias del país, así como también de la SENNAF. También estuvieron presentes gran cantidad de funcionarios judiciales, especialmente fiscales y defensores. Nuestra participación se contabilizó entre los representantes de las universidades nacionales.

La modalidad de trabajo fue de tipo taller, con facilitadores que coordinaron la tarea . El objetivo de los representantes de Unicef del Área de Promoción y Protección, organizadores del taller, se plasmaron en un acuerdo unánime, compartido por todos los presentes de realizar las acciones necesarias para que los NNYA en conflicto con la ley penal accedan a un sistema de justicia especializado acorde a los estándares internacionales.
Entre las lineas prioritarias y los resultados esperados prevalecieron:
la actualización y adecuación del marco legal vigente. En este ítem es importante destacar que Unicef en Argentina se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad actual.
La implementación de un sistema de justicia penal especializado en todas las provincias
La no aplicación de medidas privativas de la libertad; y
la implementación de protocolos y estándares internacionales en los establecimientos de restricción de la libertad existentes.
Muchos de los presentes habían participado en los días anteriores en otro taller, cuyo objetivo general fue que los NNYA accedan a un sistema de protección y promoción que garantice respuestas adecuadas y de calidad frente a los distintos tipos de violencia que sufren los NNYA.

La riqueza de la discusión se plasmó en propuestas concretas que los participantes expresaron -nosotros entre ellos- a su debido turno.
Muchas de las propuestas nutrirán seguramente las líneas de acción de Unicef de los próximos años.