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Desde el Observatorio queremos comunicar nuestra reflexión sobre la anunciada “emergencia de seguridad” en la provincia de Buenos Aires. Nuevamente, mediante la construcción política y mediática, los jóvenes son colocados en el centro de la escena como “enemigos internos” y productores de peligrosidad. En esta nueva coyuntura debajo de ropajes progresistas se intenta avanzar sobre políticas represivas, a la vez que se propone un debate falaz sobre la edad de punibilidad de los chicos, sin debatir un sistema de responsabilidad penal juvenil pensado en claves de política criminal y no como herramienta para reprimir aquello que la política social no supo incluir.

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Compartimos este magistral artículo de Umberto Eco, en que el autor en breves páginas pasa revista al debate actual: la inseguridad, la venganza,  la justicia, el talíón, la retribución, la expiación, la legítima defensa…. Eco pone en tensión las posiciones y muestra sus límites y sus contrasentidos. ¿El hombre puede ser utilizado como medio? ¿El que comete un delito es menos hombre que los demás? y se inquieta e interpela: “(…) quienes estén dispuestos a considerar a este hombre menos hombre, se muestran en cambio implacables contra las prácticas abortivas, alegando que un ser humano es siempre un ser humano, aún cuando sea todavía la propuesta de un feto. No es esto una contradicción”

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Desde el Observatorio invitamos a ver el debate sobre homicidios a jóvenes llamados “Linchamientos” protagonizado por Mariano Gutierrez (Asociación Pensamiento Penal) y Carlos Maslatón en INFOBAE

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Tras los casos en Rosario, el sábado sucedió en Palermo. Especialistas que cruzan lo social con la criminología y la política aportan las claves de lo que ocurre: el discurso autoritario y del miedo, el Código Penal, Massa y la “inseguridad” como tema de la campaña en 2015.

Por Carlos Rodríguez

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Hacemos público el repudio a las declaraciones emitidas por el intendente de Florencia Varela, Julio Pereyra, en Radio América el día 26 de marzo,  sobre las propuestas de políticas represivas para jóvenes de clases populares estigmatizados como violentos.

Del mismo modo repudiamos la decisión del Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,  Alejandro Granados, de reincorporar a la fuerza a los policías acusados de la desaparición de Luciano Arruga.

Expresiones como las que sostiene el Intendente de Florencia Varela  “Cuando están mezclados con otros chicos en la escuela, son muy difíciles de controlar, se le plantan a las maestras, entonces hay que darles un tratamiento especial para que no maten a nadie o no tengamos que matarlos” o manifestaciones tales como “A los pibes intentemos salvarlos, después el que sigue delinquiendo y es reincidente, tiene que estar presos, tenemos que tener más policías y más armas”, nos alertan sobre embestidas punitivas hacia un sector de los más jóvenes.  Tal como lo reconoce el Intendente de este partido del conurbano bonaerense, la Federación Argentina de Municipios (FAM) está avanzado en ideas de este tipo, lo cual se alinea con la intención política de establecer las policías municipales, como nuevas fuerzas represivas para gobernar territorios urbanos, sectorizando el espacio público y profundizando la política de cárceles a cielo abierto que impera en la provincia.

Es preocupante que un jefe de estado municipal en lugar de explicar cómo cumplirá con las leyes de promoción y protección de derechos de la infancia vigentes, promueva como solución a situaciones de “violencia” mayor despliegue de violencias institucionales tal como lo alienta expresamente en sus declaraciones.

Del mismo modo las declaraciones de Granados demuestran que Pereyra no expresa un pensamiento individual, sino que está enmarcado en una línea política que aboga por un estado punitivo en detrimento de uno social.

El poder político y los medios masivos de comunicación a través de mecanismos de pánico generan un estado de alerta sobre “la seguridad” construida como principal problema social, y abogando prácticas criminales por parte de la población que encuentra como solución a “sus problemas” armarse y violentarse contra estos jóvenes previamente construidos como “peligrosos”, tal es el nuevo caso ocurrido también el 26 de marzo en la ciudad de Rosario, donde vecinos “bajo ira” asesinaron a golpes a un joven de 18 años sospechado de haber arrebatado la cartera a una mujer.

El avance de medidas represivas sobre los chicos y jóvenes de clases populares ponen de manifiesto que desde el Poder Ejecutivo en sus diversos niveles nacional y provincial no se está priorizando la plena implementación de las leyes de promoción y protección de derechos, en línea con los pactos internacionales suscriptos por nuestro país, sino que por el contrario se está avanzando en la implementación de un estado que agudiza sus mecanismos de control social represivos sobre aquellos que previamente desprotegió privándolos del acceso a condiciones básicas para la vida.

Para profundizar el debate ver informes del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes.