Agencias de control social-penal

Se presentó el informe sobre niños y niñas institucionalizados por la justicia nacional que sistematiza los datos de 2013 y 2014 aportados por los juzgados y tribunales orales.
El Informe fue realizado en conjunto por la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación.

Más información en http://www.fiscales.gob.ar/violencia-institucional/presentaron-un-informe-sobre-ninos-y-ninas-institucionalizados-por-la-justicia-nacional/Informe-BGD

En el XI RAM (Reunión de Antropología del Mercosur), “Diálogos, prácticas y miradas antropológicas desde el sur”, realizado entre el 1 y 4 de diciembre de 2015, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes participó en la Mesa Redonda 25: PRÁCTICAS, PUGNAS Y REPRESENTACIONES EN TORNO A LAS NORMAS, ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL SOCIAL Y PENAL PARA ADOLESCENTES Y JÓVENES: UN ANÁLISIS DEL SISTEMA NORMATIVO JUVENIL EN ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LAS MOVILIZACIONES EN TORNO A LA BAJA DE EDAD DE RESPONSABILIDAD PENAL.
La mesa fue organizada por la Dra. Nilia Viscardi de la Universidad de la Republica –Uruguay- y el Dr. Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo. Professor da PUCRS -Brasil.
Disertaron la Dra. Haydée Caruso de la UFF –Brasil; Pablo Galain Palermo, del Instituto Max Plank para el Derecho Penal Extranjero e internacional y Silvia Guemureman del Observarorio de Adolescentes y jóvenes del Instituto Gino Germani.
Las exposiciones mostraron los debates en torno a la baja de edad de punibilidad penal en Brasi, Argentina y Uruguay mostrando en una perspectiva comparada las similitudes y diferencias en los procesos de cada uno de los países. Así, en Brasil hace algunos meses se aprobó en la Cámara de Diputados un Pedido de enmienda constitucional (PEC) para bajar la mayoría de edad a los 16 años, modificando así el Estatuto da Criança. En Uruguay en 2014 se realizó un plebiscito en el que prevaleció la posición de no proceder a bajar la edad de imputabilidad penal. En Argentina, el Regimen Penal de la minoridad que data de la última dictadura militar no ha sido modificado atendiendo a los imperativos de adecuación normativa que exige la Convención de los Derechos del niño incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994. Se conserva el límite de edad de punibilidad en los 16 años, pese a los múltiples embates legislativos y mediáticos en pro de la baja. El debate fue interesante porque caracterizó a los actores en disputa y sus posiciones y permitió intercambiar escenarios de realidades de la región.
También se suscitó un rico debate alrededor de la Justicia Restaurativa y su implementación en nuestras latitudes de la mano de la exposición del Dr. Pablo Galaín Palermo quien realizó una exposición detallada de los presupuestos para su aplicación. Esta exposición fue esclarecedora para pensar también en la realidad argentina que ha empezado a discutir con énfasis la implementación de la Justicia Restaurativa en el marco del traspaso de competencias de la Justicia Nacional de Menores la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La política criminal en la Provincia pone en crisis los derechos humanos

La Comisión por la Memoria (CPM) de la provincia de Buenos Aires presenta su Informe Anual 2015, el próximo lunes 22 de junio a las 16 hs. Un riguroso trabajo de monitoreo de lugares de encierro, análisis de políticas de seguridad y observación de prácticas policiales durante el período 2013-2014, que arroja datos y cifras alarmantes sobre la vulneración de derechos en la Provincia. Un récord histórico de personas detenidas, muertes y torturas, el uso sistemático de la prisión preventiva, hacinamiento y superpoblación, son los principales indicadores. Familiares víctimas de la violencia policial de todo el país acompañarán la presentación.

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Autora: Silvia Guemureman

Articulo publicado por el ANUARIO LA CORUÑA. Anuario 18 / 2014 (pág. 335-362)

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En los temas que aborda el Observatorio de Adolescentes y jóvenes, nos topamos con la dura realidad que en el día a día se empeña en demostrar que la producción de conocimiento, el saber riguroso, el debate informado muchas veces no alcanzan para modificar el estado de cosas, y sobre todo, la vulneración de derechos de la cual la población de adolescentes y jóvenes es víctima.

Muchas veces, no es la falta de conocimiento, sino el desinterés y la indiferencia. Stanley Cohen (2005) reflexionaba sobre la dificultad de mantener un alto compromiso político aun con el descreimiento o la desilusión intelectual sobre el poder de la razón.

Pero aun desilusionado, como nosotros, siguió investigando….. y nunca dudó que había que seguir produciendo conocimiento y recordar que aun hay un público preocupado por tres problemas que no han sido resueltos: 1) una tensión entre lo académico y el activismo, entre la comprensión intelectual que presenta un concepto de negación y cualquier implicación inmediata práctica y política.2) trabajar en la interfaz entre lo personal y lo político (vida personal cotidiana y tragedias públicas de la historia), y 3) la oscilación entre una visión poco prometedora y otra moderadamente esperanzada de las perspectivas futuras por un mayor compromiso en proyectos contra la negación y a favor de la justicia social”. (más…)

Desde el observatorio de adolescentes y jóvenes tenemos el agrado de presentarles la reciente aparición de nuestro libro colectivo: “Políticas penales y políticas de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes”.

En este libro se condensan los resultados de un proyecto de investigación que insumió muchos años (Proyecto Plurianual financiado por el CONICET). Esta investigación desde el mismo momento en que fue concebido, alentó la expectativa de verse plasmado en resultados que honren la producción de conocimiento sobre temas en los cuales hay gran cantidad de vacancias. Hay temas de los que decididamente se sabe muy poco, y en esta categoría de temas se encuentra el despliegue de las agencias de control social penal y las políticas penales en su conjunto.

La pretensión de este libro es la de contar sencillamente lo que el equipo de investigación que integró el proyecto realizó durante estos años en virtud de cumplir los objetivos propuestos, inscriptos en los objetivos particulares de cada uno en sus respectivas preocupaciones académicas, políticas e intelectuales. Este proyecto reconoció una ingeniería particular: los objetivos del proyecto se construyeron en función de los planes de trabajo y proyectos de tesis de cada una de las integrantes del equipo, de modo de producir a la vez el avance individual y el aporte colectivo.

El tratamiento de la niñez, la adolescencia y la juventud en la Argentina ha indudablemente sufrido en el último periodo. Solo para situar un anclaje en el tiempo, tomaremos la ratificación de la CDN en 1990 como punto de inflexión. Desde 1990 hasta el año 2014, momento en que se está escribiendo esta obra colectiva, han tenido lugar cuantiosos eventos que sitúan a la niñez y la adolescencia en un estatuto distinto de entonces. El período consignado para la investigación arrancó en el año 2000 para su contextualización, en tanto para el trabajo analítico de prácticas y dispositivos institucionales, el inicio se situó en el año 2005 y si bien la previsión inicial era tomar hasta el año 2010, los significativos sucesos acaecidos durante los últimos años extendieron el período hasta 2012, especialmente en el ámbito de monitoreo de movimiento legislativo, de administración de justicia y de observación de espacios de encierro punitivo.

La investigación estuvo situada en las jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación se realizó el día 13 de julio de 2015 en el Centro Cultural de la Cooperacion.

MAYO 2015

En los últimos días hemos sido sacudidos por diferentes hechos y noticias que tienen por protagonistas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en carácter de víctimas de delitos y diferentes tipos de violencias.

El lunes 11 de mayo amanecimos con la escalofriante noticia de la muerte de Chiara Páez , adolescente, de 14 años, embarazada, que apareció enterrada en casa de su novio, también joven, Manuel, de 16 años. De acuerdo a la información disponible y facilitada a los medios de comunicación por los Fiscales que intervienen en la causa, todo parece indicar que el embarazo de ella fue el detonante. Su aparente negativa a practicarse un aborto fue lo que le costó la vida. La paradoja de conservar una vida en ciernes le costó la propia. Este caso, que se suma a los tantos femicidios registrados en los meses que transcurrieron de este año, nos despierta a reflexionar, entre otras cosas, sobre las violencias, sus diversas formas y sus denominadores comunes. Para quienes observamos el funcionamiento de las agencias del Estado, necesariamente y en este caso en particular, nos implica preguntarnos por las políticas públicas brindadas para atender este emergente social. Cuando las violencias se instalan como forma de tramitar conflictos entre las personas, y especialmente cuando las víctimas de esas violencias son los grupos eternamente postergados en la sociedad, como la población infanto juvenil y dentro de ellos especialmente las mujeres, las agencias estatales encargadas de administrar las políticas públicas deben replantearse su accionar, revisar el cumplimiento de las normas vigentes y el dictado de las faltantes; deben revisar sus prácticas y la efectividad de sus dispositivos de manera urgente.

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Los invitamos a leer el número N 8 de Crítica Penal y Poder, Abril 2015 donde se incluye un artículo de Silvia Guemúreman: La justicia de menores desde la mirada de los jueces. Valoraciones y representaciones sobre la ley y la administración de justicia (18-46.)

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Un adolescente de 15 años que era buscado como uno de los autores del homicidio del funcionario municipal de San Isidro, asesinado hace dos semanas de un balazo en una entradera en su casa de Villa Adelina, murió al tirotearse con la policía cuando fueron a detenerlo, en un operativo realizado en la Villa Melo, del partido de Vicente López. El chico, que por su edad era inimputable, no sólo era buscado por el crimen de Emilio Gustavo Carranza (48), ocurrido el 12 de marzo pasado en Villa Adelina, sino que también estaba involucrado en otros tres homicidios, según un alto jefe policial. El enfrentamiento ocurrió en un allanamiento de urgencia dispuesto por la fiscal Alejandra Toymil, del Fuero Penal Juvenil de San Isidro, en un domicilio de la Villa Melo de la localidad de Villa Martelli. El operativo estuvo encabezado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro. Según la policía, cuando los uniformados irrumpieron en el domicilio, el chico se resistió al arresto a los tiros con un revólver calibre .22, por lo que los efectivos repelieron la agresión con sus armas y el imputado cayó muerto.

En los últimos años se ha producido una cuantiosa bibliografía acerca de la problemática de la inseguridad pero poco se conoce acerca del despliegue de planes y operativos de seguridad y sus consecuencias^[1]. Las políticas diseñadas e implementadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad reflejan, en primer lugar, un aumento de la cantidad de efectivos en todas las fuerzas federales de seguridad del 59.26%^[2] en el período 2001-2013, lo cual nos permite identificar una determinada noción de “seguridad” directamente ligada a la presencia y accionar policial en territorio. En segundo lugar, es constatable que se han redefinido roles y ampliado las competencias de fuerzas de diferente naturaleza que, incluidas en tareas de seguridad interior, pasaron a cumplir funciones policiales y a gestionar tolerancias e ilegalismos en los barrios donde son asignadas. Estas transformaciones se dan desde el año 2004 en el marco de múltiples planes y programas vigentes (Plan Buenos Aires Ciudad Segura, Plan Unidad Cinturón Sur, Plan de Seguridad Urbana, Control Accesos C.A.B.A, Operativo Vigía, Plan de Abordaje Integral Plan Ahí. Este último lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social pero del que participan los Ministerios de Defensa y Seguridad).

Una radiografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestra que en simultáneo se despliegan las siguientes fuerzas: Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Policía Metropolitana bajo la égida del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: elaboración propia en base a los datos extraídos de fuentes gubernamentales, como publicaciones del Ministerio de Seguridad y Auditorias del Gobierno Nacional, y del Censo 2010.

Tomando en consideración la cantidad de habitantes de la C.A.B.A que arrojó el Censo 2010^[8] y la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad para el total de la ciudad estamos en presencia de un agente policial cada 133 habitantes. Y si incorporamos la dimensión etárea para la población total de C.A.B.A, existe un policía cada 41 jóvenes^[9].

Sin embargo, este despliegue de fuerzas y planes de seguridad no se produjo homogéneamente en el territorio de la ciudad, sino que tendieron a un despliegue focalizado sobre ciertos territorios y poblaciones: barrios del Sur de C.A.B.A. en situación de marginalidad y pobreza. El Plan Cinturón Sur nos brinda un ejemplo de esto.

Según información oficial, el Plan, se implementa en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati, Villa Lugano, Barracas, La Boca y Parque Patricios. Correspondiéndose con la Comuna 8 en su totalidad y parte de las comunas 4, 5, 7 y 9. Es en esta zona donde se encuentra la mayor cantidad de Villas de emergencia y asentamientos de la Ciudad^[10].

Los planes y operativos se basan en la estrategia de policiar en forma intensiva el territorio urbano, estos contemplan el despliegue y saturación de efectivos de fuerzas de seguridad y policías que son propuestos como un tratamiento al diagnóstico sobre “la inseguridad”. La construcción hegemónica de “la inseguridad” se presenta de forma difusa y ligada al delito, mientras que muchas otras desprotecciones vinculadas a la ciudadanía social no aparecen bajo esa perspectiva. Se produce un recorte que circunscribe la factibilidad de comisión de delitos sólo a los sectores populares, y específicamente a los jóvenes marginados. Quienes, lejos de ser protegidos en el marco de derechos y garantías, se constituyen en objetos privilegiados de persecución y hostigamiento policial. Asentimos, siguiendo a R. Castel, que: “la diabolización de la cuestión de los suburbios pobres, y particularmente la estigmatización de los jóvenes de esos suburbios a la cual se asiste hoy en día, tiene que ver con un proceso de desplazamiento de la conflictividad social que podría representar perfectamente un dato permanente de la problemática de la inseguridad. La escenificación de la situación de los suburbios pobres como abscesos donde está fijada la inseguridad, (…) [es de alguna manera] la cristalización en grupos particulares situados en los márgenes, de todas las amenazas que entraña en sí una sociedad.”[11]

La violencia de la sociedad no se reduce “policiando” el espacio público, muy por el contrario, los datos demuestran que las mismas prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad contribuyen significativamente a potenciar los actos violentos en territorios sociovulnerables y específicamente sobre la población joven, la cual es estigmatizada y constituida como responsable de la inseguridad, el conflicto social y la violencia.

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Este articulo fue escrito por Alcira Daroqui y Silvia Guemureman en el marco del Proyecto PDTS Registro de casos de Tortura (UBA- Procuración Penitenciaria).
El articulo fue publicado en la Revista Diálogos Possíveis. revista da Faculdade Social da Bahia.
Ano 13, n.1(jan/jul. 2014) — Salvador: FSBA, 2014 “ (más…)

Los uruguayos han llevado adelante un debate profundo sobre la baja en la edad de imputabilidad para los más jóvenes.

Ese país vecino tiene actualmente (y mantiene después del triunfo del NO a la baja en el plebiscito de este último fin de semana) la edad de punibilidad en 18 años. Debajo de ese límite etario, los adolescentes entre 13 y 17 años cuentan con un régimen especial vinculado a sus responsabilidades ante la ley.

“Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a menores de 18 años como adultos constituiría una violación a los compromisos asumidos por Uruguay ante la Convención de los Derechos del Niño” sostuvo la oficina de las Naciones Unidas en Uruguay, marcando la preocupación por la propuesta de bajar la edad de punibilidad. A lo que podríamos sumar que el problemas no solo está en pensar que los adolescentes estén juzgados por el mismo proceso que los adultos, sino que el principal problema es pensar que encerrando a los jóvenes a edades cada vez más temprana se resuelven los problemas de delitos propios de las sociedades capitalistas con altos niveles de desigualdad social.

El debate en Uruguay no fue muy distinto que los que se han dado en nuestro país al respecto, posiciones de derecha que abonan la teoría del “enemigo interno” personalizado por ese joven pobre-urbano y una fuerte lucha de organizaciones sociales, políticas, sindicales, que dieron el debate con profundidad sobre los problemas del delito que existen en nuestras latitudes, buscando el origen en las desigualdades sociales y no criminalizando la pobreza.

FALAZ es el argumento que sostiene que el delito aumenta de la mano de los más jóvenes, falaz es el argumento que sostiene que se resuelve con el encierro.

La persecución de los jóvenes pobres, su estigmatización como delincuentes y la búsqueda de encierro como forma de control social está lejos, muy lejos de una sociedad que se precie de democrática, inclusiva y participativa.

En este camino saludamos el debate en Uruguay y festejamos el triunfo del NO a la BAJA.

Clavo mi remo en el agua

Llevo tu remo en el mío

Creo que he visto una luz al otro lado del río

(Drexler)

CIDH emitió un comunicado de prensa a raíz de su visita realizada a Uruguay los días 1 al 5 de setiembre de 2014. El objetivo de la visita fue expresar su posición con respecto a la consulta plebiscitaria que se llevará a cabo en el mes de Octubre próximo, que propone una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 años a los 16 años.

“En su visita a Uruguay, la Comisionada ha tomado conocimiento de iniciativas legislativas en el país que implican regresiones respecto de los estándares alcanzados en el marco de los procesos de adecuación de la legislación interna a los postulados de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el corpus juris en la materia. En este sentido, la Relatora observa que la aprobación de la nueva reforma constitucional a ser sometida a consulta plebiscitaria junto con las elecciones de octubre de 2014, que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad, constituiría una grave violación de los derechos fundamentales de los adolescentes y en contra de los tratados internacionales ratificados por el Estado, dado que infringe la garantía del adolescente de ser procesado penalmente bajo una justicia juvenil excepcional y especializada”.

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Esta presentación se realizó en el marco de la Jornada de GT infancia y Juventudes de Clacso, con los investigadores de Argentina.

La Jornada se realizó en la Universidad Nacional de San Martín ( UNSAM) el d{ia, 7 de agosto de 2014. (más…)