Preguntas
y Respuestas ¿QUÉ ES UN SISTEMA PENAL JUVENIL?
¿Qué es la justicia penal adolescente? La justicia
penal adolescente es un sistema de administración de justicia
que extiende los derechos y garantías del debido proceso
a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la
comisión de una infracción a la ley penal. Ahora bien,
lo que verdaderamente caracteriza al derecho penal de adolescentes
es la finalidad educativa y sancionadora de la pena, lo que, en
primer lugar, permite la reparación del daño causado
en cualquier fase del procedimiento y consecuentemente el archivo
de la causa y, en segundo, aconseja la menor restricción
de derechos posible a la hora de imponer la sanción, siendo
la privación de libertad el último recurso y sólo
para infracciones muy graves.
¿Porqué los adolescentes deben
tener derecho a una justicia especializada? La Convención
sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing para
la Administración de Justicia de Menores recomiendan la organización
de una justicia especializada, flexible y diversa, para juzgar a
las personas menores de 18 años. Su razón de ser está
en el reconocimiento de la adolescencia como la etapa de la vida
en la que las personas se encuentran en plena evolución intelectual,
emocional y moral, sin haber culminado el proceso de formación
para la vida adulta, lo que facilita, si se intervine a tiempo,
la recuperación del sujeto infractor en una proporción
superior a la de los delincuentes mayores de edad.
La psicología evolutiva entiende
que el adolescente infractor es una persona en desarrollo que no
ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad
en que vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que,
por tanto, resulte irresponsable, sino que, por las razones anteriormente
expuestas, la reacción social frente a sus actos delictivos
no debe ser de castigo sin más, debiéndose procurar
su integración social y evitar en todo momento que sea privado
de su derecho fundamental a la educación.
¿Cuál es la finalidad de la
justicia penal adolescente?
Podemos enumerar al meso cuatro finalidades por orden de importancia:
1) Administrar justicia de forma democrática.
2) Fomentar la responsabilización del adolescente que ha
cometido una infracción penal.
3) Promover su integración social.
4) Favorecer la participación de la comunidad en el proceso
de reinserción social, mediante la oferta de servicios y
programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas.
¿Porqué se fija una edad mínima
de responsabilidad penal adolescente? Aunque las Reglas de Beijing
dejan libertad a los Estados a la hora de fijar las edades mínimas
y máxima de responsabilidad penal, la franja de edad a partir
de la cual se considera al adolescente responsable oscila en el
derecho comparado entre los 12 y los 14 años al entender
que es a partir de esa edad cuando comienza a cristalizarse la adquisición
de responsabilidad y la capacidad de raciocinio, y se extiende hasta
los 17 años. Por debajo de esas edades los niños que
cometen infracciones quedan sujetos al control de su familia o de
las instituciones civiles de protección, mientras que las
personas mayores de 18 años pasan a ser juzgadas y sentenciadas
de conformidad con los Códigos Penales.
La imputabilidad atribuida a los adolescentes
debe corresponder a la capacidad de autonomía y al ejercicio
de derechos que se les reconoce en la sociedad, Así
por ejemplo, el establecimiento de una edad para votar o ser electo(a)
para cargos de representación popular, para obtener una licencia
de conducir, o para la compra de bebidas alcohólicas, etc.
son expresiones del reconocimiento social acerca de cuándo
una persona está lo suficientemente madura para tomar decisiones
con plena responsabilidad, lo que ocurre por lo general a partir
de los 18 años.
¿Cuál es el mandato de la
justicia penal adolescente? El mandato de la justicia penal adolescente
es contribuir a que los adolescentes se responsabilicen de sus actos,
asegurando siempre su bienestar. Para conseguir estos fines el juez
tiene que tener en cuenta a la hora de imponer la sanción
no sólo infracción cometida, sino toda una serie de
factores psicológicos, familiares y sociales en base a los
que se determinarán las medidas que mejor incidan en su educación,
procurando causarle la menor aflicción y restricción
de derechos.
La justicia penal adolescente tiene que
articularse de forma que éste pueda comprender las consecuencias
que su conducta ha tenido sobre las víctimas, directas o
indirectas, ya que sólo así podrá incidirse
en la asunción de su responsabilidad y en la promoción
de cambios de conducta.
¿Qué diferencia existe entre el sistema de justicia
penal para adultos y la justicia penal adolescente? La diferencia
radica en que en la justicia penal adolescente prima por encima
de todo la educación y la reinserción social del infractor,
lo que obliga a establecer procesos rápidos y ágiles
y a disponer de un amplio abanico de medidas socio-educativas que
permitan cumplir con esa finalidad.
La justicia penal adolescente establece
una serie de restricciones, incluyendo la prohibición de
pena de muerte y el encarcelamiento de por vida. La detención
y encarcelamiento de un adolescente debe ser utilizada como el último
recurso para delitos graves, y siempre por el menor tiempo posible.
Otras de las singularidades frente al proceso penal de adultos,
son la posibilidad de no iniciar el procesamiento, suspenderlo o
resolverlo anticipadamente si se estima que puede causar al menor
de edad un perjuicio mayor que el que él causó; la
posibilidad de participar en un programa de mediación para
reparar el daño o conciliarse con la víctima; la exclusión
de la publicidad de juicio oral; la confidencialidad respecto a
la identidad del adolescente; la intervención de los padres
o sus representantes; la inclusión de estudios psico-sociales
que orienten al Juez a la hora de determinar la medida a imponer
dentro del marco de la legalidad, o la corta duración e improrrogabilidad
de la prisión
¿Qué tipo de garantías
establece la justicia penal adolescente? Las mismas que existen
para las personas mayores de 18 años dentro de los sistemas
penales acusatorios e incluyen: la prueba legal de los hechos; atribución
y notificación de los cargos; conocimiento del asunto por
un órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial;
asistencia jurídica durante el proceso; resolución
y fallo de la causa sin demora y derecho a impugnar las resoluciones
ante un tribunal superior
¿Qué significa la remisión
de casos en la justicia penal juvenil? La remisión es una
práctica introducida en la regla no. 11 de las Reglas de
Beijing y pretende
evitar, en todos los casos que sea posible, los sistemas penales
formales (cortes, etc.) cuando se trate de delitos menores o cuando
se estime que la permanencia en el procedimiento puede causar al
adolescente un daño mayor que el que él causó
con el delito. La aplicación de esta práctica requiere
el consentimiento del adolescente y de su representante legal, la
adopción de la decisión por el juez o el fiscal, y
nunca avala la creación de un sistema de resolución
de conflictos como sustitutivo de la sede judicial. En este marco
son de gran interés los procesos de mediación en favor
de la conciliación y reparación del daño, tanto
a la víctima individual como a la comunidad.
¿Qué tipo de sanciones sugiere
la justicia penal adolescente? El abanico de sanciones previsto
es amplio y está especialmente concebido para promover la
reinserción social. De allí que las medidas en libertad
en el entorno social y comunitario al que pertenece el adolescente
infractor ocupen el grueso de los posibles listados: la amonestación;
la multa; la reparación del daño causado; la prestación
de servicios a la comunidad; la libertad asistida; y la privación
de libertad.
La privación de libertad sólo
debe ser impuesta en aquellos casos en donde el adolescente ha cometido
infracciones graves como homicidio, violación, secuestro,
lesiones graves, etc.
¿Por qué la reclusión
en un centro de cumplimiento es una sanción de carácter
excepcional? La privación o reclusión en un centro
de cumplimiento es una medida excepcional porque, de conformidad
con numerosas investigaciones empíricas llevadas a cabo en
la última década, el aislamiento de una persona que
está en proceso de formación, lejos de promover cambios
positivos de conducta, contribuye a su desarraigo y a su desocialización.
Por otro lado, si se acepta que la pena debe ser proporcional al
delito cometido y, tal y como lo demuestran los datos existentes
en América Latina, la mayoría de los adolescentes
cometen delitos menos graves la reclusión en un centro de
cumplimiento debería ser la sanción menos impuesta.
También en base a investigaciones
empíricas, se estima que las medidas alternativas facilitan
la rehabilitación y reinserción social de los adolescentes
en un número muy elevado de casos. El hecho de que se cuente
con su consentimiento y su participación en la elaboración
del plan educativo y con la participación de los padres o
representantes y de la comunidad a lo largo del cumplimiento permiten
que el adolescente infractor reflexione sobre las consecuencias
de sus acciones y reciba y se sienta estimulado ante el reconocimiento
que la comunidad le brinda si cumple con el plan pactado.
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