REPUDIO A LA REPRESIÓN EN LA VILLA 1-11-14 DEL BAJO FLORES

Desde la Red de investigadores de Juventud de la Argentina (REIJA) expresamos nuestro más profundo repudio a la represión desatada por la Gendarmería Nacional en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores (Ciudad de Buenos Aires) el pasado viernes 29 de enero de 2016. En dicha ocasión, en un episodio que aún amerita esclarecimiento, un grupo de vecinos, entre los cuales había varias personas jóvenes y menores de edad, algunos integrantes de una murga barrial, fueron agredidos y heridos con balas de goma por parte de efectivos de la fuerza de seguridad. El episodio concitó la intervención de la Procuraduría de Violencia institucional –PROCUVIN- que denunció penalmente la actuación represiva. Según los testimonios coincidentes, el patrullero de la Gendarmería avanzó sin detenerse ante la multitud y embistiendo primero a una mujer y luego disparando a los vecinos reunidos y a los integrantes de la murga “Los auténticos reyes del ritmo”, un total noventa personas aproximadamente. Profusas han sido las imágenes que han circulado por las redes sociales y los videos que muestran en forma inconfundible e irrefutable el accionar de represión a mansalva de las fuerzas de seguridad.

Aquí, en tanto colectivo que estudia, analiza e investiga sobre diferentes temáticas referidas a adolescencias y juventudes de la Argentina, tenemos el deber de compartir algunas reflexiones que promuevan la comprensión de los hechos más allá del episodio puntual y lamentable.

Sabemos que no es la primera vez que la Gendarmería en tanto fuerza de seguridad asignada a la seguridad interna y control de territorio, y la Policía Federal con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, agreden a los adolescentes y jóvenes de barrios localizados en enclaves socialmente vulnerables y marginalizados. No es el acto de agresión física por parte de los efectivos de la gendarmería lo que sorprende. En efecto, desde que programas como Centinela, Cinturón Sur y Escudo Norte fueron implementados por el gobierno nacional de la anterior gestión y la Gendarmería y la Prefectura asumieron injerencia en los asuntos de seguridad interna, los hechos de violencia sobre adolescentes y jóvenes se han multiplicado. La intervención multiagencial por la que en algunos territorios de la Ciudad de Buenos Aires actúan la Policía Federal, la Metropolitana, la Gendarmería y la Prefectura ha tenido como correlato el aumento de denuncias por utilización de la fuerza física por parte de los efectivos. Cabe suministrar algunos números: en setiembre de 2015 la PROCUVIN ya había denunciado a la Gendarmería por privaciones ilegítimas de la libertad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entre 2013 y 2014 se llevaban registrados 18 hechos ocurridos en barrios del suroeste de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Comisión de Seguimiento y Tratamiento Institucional de la Defensoría General de la Nación, se reportaron para 2014 210 denuncias de apremios ilegales, por las que habrían resultado damnificados 218 menores de edad (210 fueron varones y 8 mujeres). De éstos, al menos 70 jóvenes eran no punibles al momento de la aprehensión (con edades de 11 a 15 años). Del total de las causas, 155 (73,80%) fueron iniciadas contra personal de la Policía Federal Argentina, 19 (9,04%) contra Gendarmería Nacional, 17 (8,095%) contra Prefectura; 16 (7,61%) contra la Policía Metropolitana y 3 (1,42%) contra la Policía Bonaerense.

En el caso de aquellas causas en las que fue señalada la Gendarmería, se detectaron prácticas irregulares como el ingreso de los jóvenes a garitas utilizadas por la Gendarmería Nacional en la zona sur de la Ciudad, en las cuales se habría sometido a vejámenes y malos tratos a adolescentes que habían sido aprehendidos por dicha fuerza de seguridad.
Esta información es bien conocida por todos los que trabajamos en interacción con los adolescentes y los jóvenes de estos territorios. De allí que en múltiples ocasiones hayamos manifestado nuestra preocupación por el aumento de los efectivos de seguridad y por la convocatoria masiva al reclutamiento de fuerzas de seguridad que, con lapsos muy cortos de capacitación, se insertan en el control urbano de territorios en diferentes localidades y partidos de la Provincia de Buenos Aires. Los números no mienten: las fuerzas de seguridad se han incrementado en forma exponencial en los últimos años, sin que esto haya redundado en una mejora de los índices de delito o inseguridad. Al contrario, los mismos se han incrementado, al igual que el narcotráfico, al calor del aumento de la intervención policial en los barrios. Es más, en los últimos años han crecido también los estigmas y la criminalización de las juventudes, lo cual contribuye a la marginalización y segregación de amplios sectores juveniles por la sola portación de vestimenta o aspecto físico. El hostigamiento a los jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad en los barrios es cotidiano, sistemático y se ha incrementado. En materia de seguridad pareciera que todo vale mientras se acate el norte programático de la represión indiscriminada y el uso de la fuerza para controlar territorios empobrecidos o populares, no importa que la capacitación sea insuficiente para la enorme responsabilidad que implica la portación de un arma de fuego o que en los mandos de las fuerzas de seguridad continúen primando prácticas e ideas propias de la dictadura militar. ¿Podrían los funcionarios de turno aseverar que en términos de capacidad ejecutiva y experiencia, los efectivos están a la altura de las tareas encomendadas?

Lo que sin embargo si se ha habilitado desde el nuevo gobierno es la escalada punitiva a través del Decreto que declara la “emergencia en seguridad”, que permite entre otras muchas cosas la reincorporación de efectivos retirados, lo cual lejos de modernizar y actualizar las fuerzas de seguridad, invita a restituir antiguas y graves prácticas. Esta emergencia en seguridad denunciada desde distintos ámbitos como infértil y abusiva, impulsa un control social permanente en toda la población catalogada como “sospechosa” bajo un criterio difuso y personal amparado en el nebuloso término “narcotráfico”.

Compartimos estas ideas solo para empezar a pensar la cuestión y como forma de accionar sobre la misma. Aún desconocemos si el episodio de represión a la murga barrial se trata de una torpeza, de un descontrol de mandos medios o efectivos de calle, o esconde alguna otra racionalidad y orden emanada del poder político. Lo que sí sabemos es que de ningún modo se trata de un episodio aislado, sino que se enmarca en una escala represiva que se evidencia en las últimas semanas, y que incluye la represión a la protesta social y la habilitación para que la policía pueda detener a una persona por su aspecto y demorarla por el solo hecho de no traer consigo el documento. Esto en general recae sobre los jóvenes y revive prácticas autoritarias que pensábamos abolidas para siempre. Por eso nos declaramos en alerta y pensamos que es importante visibilizar esta situación.
Que las fuerzas de seguridad se hayan metido en un barrio y hayan disparado sobre vecinos, jóvenes y niños puede significar muchas cosas: garantía de impunidad, vía libre al uso de la fuerza, una racionalidad del actual gobierno para el tratamiento de la pobreza (los recientes desocupados, los inminentes desocupados, los precarizados, los caídos de los planes sociales, los empobrecidos por el aumento de precios o de tarifas, los perdedores del nuevo modelo).

Pero también podría ser leído como parte de la reconfiguración de las fuerzas de seguridad en los territorios, ahora que las Policías Metropolitana y Federal se han mancomunado, y que el discurso del partido gobernante parece avalar o justificar una supuesta “mano dura” como política represiva que ya ha mostrado su inutilidad en otras épocas y otros países.
En estos tiempos se han producido otras declaraciones acerca de cuestiones de seguridad, criminalización de la protesta y escala represiva, que acompañamos y sentimos en una sintonía similar a la que aquí expresamos.

Por todo esto, como Red de Investigadores de Juventud de la Argentina repudiamos la represión contra la murga y los vecinos del Bajo Flores, a la vez que toda acción que implique el ejercicio de la fuerza y la violencia contra niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, exigimos el pronto esclarecimiento de lo ocurrido, el castigo a los responsables materiales e intelectuales y la adopción de medidas para que estos hechos no se repitan.
Buenos Aires, 4 de febrero de 2016.

Red de investigadores de Juventud de la Argentina (REIJA)

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