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18 diciembre, 2014

PoliciandoEn los últimos años se ha producido una cuantiosa bibliografía acerca de la problemática de la inseguridad pero poco se conoce acerca del despliegue de planes y operativos de seguridad y sus consecuencias[1]. Las políticas diseñadas e implementadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad reflejan, en primer lugar, un aumento de la cantidad de efectivos en todas las fuerzas federales de seguridad del 59.26%[2] en el período 2001-2013, lo cual nos permite identificar una determinada noción de “seguridad” directamente ligada a la presencia y accionar policial en territorio. En segundo lugar, es constatable que se han redefinido roles y ampliado las competencias de fuerzas de diferente naturaleza que, incluidas en tareas de seguridad interior, pasaron a cumplir funciones policiales y a gestionar tolerancias e ilegalismos en los barrios donde son asignadas. Estas transformaciones se dan desde el año 2004 en el marco de múltiples planes y programas vigentes (Plan Buenos Aires Ciudad Segura, Plan Unidad Cinturón Sur, Plan de Seguridad Urbana, Control Accesos C.A.B.A, Operativo Vigía, Plan de Abordaje Integral Plan Ahí. Este último lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social pero del que participan los Ministerios de Defensa y Seguridad).

Una radiografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestra que en simultáneo se despliegan las siguientes fuerzas: Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Policía Metropolitana bajo la égida del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuadro Policiando..Fuente: elaboración propia en base a los datos extraídos de fuentes gubernamentales, como publicaciones del Ministerio de Seguridad y Auditorias del Gobierno Nacional,  y del Censo 2010.

Tomando en consideración la cantidad de habitantes de la C.A.B.A que arrojó el Censo 2010[8] y la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad para el total de la ciudad estamos en presencia de un agente policial cada 133 habitantes. Y si incorporamos la dimensión etárea para la población total de C.A.B.A, existe un policía cada 41 jóvenes[9].

Sin embargo, este despliegue de fuerzas y planes de seguridad no se produjo homogéneamente en el territorio de la ciudad, sino que tendieron a un despliegue focalizado sobre ciertos territorios y poblaciones: barrios del Sur de C.A.B.A. en situación de marginalidad y pobreza. El Plan Cinturón Sur nos brinda un ejemplo de esto.

Según información oficial, el Plan, se implementa en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati, Villa Lugano, Barracas, La Boca y Parque Patricios. Correspondiéndose con la Comuna 8 en su totalidad y parte de las comunas 4, 5, 7 y 9. Es en esta zona donde se encuentra la mayor cantidad de Villas de emergencia y asentamientos de la Ciudad[10].

Los planes y operativos se basan en la estrategia de policiar en forma intensiva el territorio urbano, estos contemplan el despliegue y saturación de efectivos de fuerzas de seguridad y policías que son propuestos como un tratamiento al diagnóstico sobre “la inseguridad”. La construcción hegemónica de “la inseguridad” se presenta de forma difusa y ligada al delito, mientras que muchas otras desprotecciones vinculadas a la ciudadanía social no aparecen bajo esa perspectiva. Se produce un recorte que circunscribe la factibilidad de comisión de delitos sólo a los sectores populares, y específicamente a los jóvenes marginados. Quienes, lejos de ser protegidos en el marco de derechos y garantías, se constituyen en objetos privilegiados de persecución y hostigamiento policial. Asentimos, siguiendo a R. Castel, que: “la diabolización de la cuestión de los suburbios pobres, y particularmente la estigmatización de los jóvenes de esos suburbios a la cual se asiste hoy en día, tiene que ver con un proceso de desplazamiento de la conflictividad social que podría representar perfectamente un dato permanente de la problemática de la inseguridad. La escenificación de la situación de los suburbios pobres como abscesos donde está fijada la inseguridad, (…) [es de alguna manera] la cristalización en grupos particulares situados en los márgenes, de todas las amenazas que entraña en sí una sociedad.”[11]

La violencia de la sociedad no se reduce “policiando” el espacio público, muy por el contrario, los datos demuestran que las mismas prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad contribuyen significativamente a potenciar los actos violentos en territorios sociovulnerables y específicamente sobre la población joven, la cual es estigmatizada y constituida como responsable de la inseguridad, el conflicto social y la violencia.

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5 diciembre, 2014
 Declaración del GESPyDH y el Observatorio de adolescentes y jóvenes
La muerte de Diego. Un homicidio institucional

Instituto AgoteDiego tenía 17 años. Estaba detenido desde hacía 5 meses por disposición del Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Justicia Nacional, cuya titular es María Rosa Cassará (1). Cumplía su arresto en  el Instituto Agote -denominación que se aplica a una cárcel para personas que aún no cumplen la mayoría de edad- dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego de “discutir” con el personal de la institución el joven fue sancionado por la directora Nidia González en virtud de haber “faltado el respeto verbal a un adulto” (sic). La funcionaria dispuso su encierro por 48 horas en un sector donde se emplazan celdas de aislamiento, ubicado en la planta baja de la institución, notablemente alejado del resto de la población encarcelada en pabellones y también de las oficinas del personal técnico y de guardia. La sanción de aislamiento no está prevista por el reglamento disciplinario de los Institutos Cerrados dependientes de la SENNAF.

El hecho que terminó con la muerte del joven se inició alrededor de las 20 hs. del jueves pasado, cuando se encontraba cumpliendo la sanción bajo modalidad de confinamiento solitario, en una celda de reducidas proporciones, con una ventana que no puede abrirse y una pequeña rejilla de ventilación. El joven además contaba con un encendedor que no le fue retirado preventivamente ante una situación de violencia e impotencia, sabiendo además que no contaba con colchón ignífugo. El guardia que debía permanecer a metros de dicha celda, custodiando ese sector, no se encontraba presente en su lugar: claros actos de violencia y abandono institucional. Las llamas y el humo avanzaron, la demora en asistirlo produjo un cuadro letal: Diego resultó herido con quemaduras del orden del 80% de su cuerpo y una fuerte intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Fue internado y agonizó en el Instituto del Quemado hasta el martes 1 de diciembre, cuando falleció.

La sanción “ilegal” de aislamiento, la falta de control y la demora en asistirlo fueron las “prácticas institucionales” que se tradujeron en una condena a muerte de un joven detenido cautelarmente, es decir, de un preso a la espera de juicio.

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