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31 octubre, 2014

no a la bajaLos uruguayos han llevado adelante un debate profundo sobre la baja en la edad de imputabilidad para los más jóvenes.

Ese país vecino tiene actualmente (y mantiene después del triunfo del NO a la baja en el plebiscito de este último fin de semana) la edad de punibilidad en 18 años. Debajo de ese límite etario, los adolescentes entre 13 y 17 años cuentan con un régimen especial vinculado a sus responsabilidades ante la ley.

“Cualquier modificación a la legislación nacional que permita juzgar a menores de 18 años como adultos constituiría una violación a los compromisos asumidos por Uruguay ante la Convención de los Derechos del Niño” sostuvo la oficina de las Naciones Unidas en Uruguay, marcando la preocupación por la propuesta de bajar la edad de punibilidad. A lo que podríamos sumar que el problemas no solo está en pensar que los adolescentes estén juzgados por el mismo proceso que los adultos, sino que el principal problema es pensar que encerrando a los jóvenes a edades cada vez más temprana se resuelven los problemas de delitos propios de las sociedades capitalistas con altos niveles de desigualdad social.

El debate en Uruguay no fue muy distinto que los que se han dado en nuestro país al respecto, posiciones de derecha que abonan la teoría del “enemigo interno” personalizado por ese joven pobre-urbano y una fuerte lucha de organizaciones sociales, políticas, sindicales, que dieron el debate con profundidad sobre los problemas del delito que existen en nuestras latitudes, buscando el origen en las desigualdades sociales y no criminalizando la pobreza.

FALAZ es el argumento que sostiene que el delito aumenta de la mano de los más jóvenes, falaz es el argumento que sostiene que se resuelve con el encierro.

 La persecución de los jóvenes pobres, su estigmatización como delincuentes y la búsqueda de encierro como forma de control social está lejos, muy lejos de una sociedad que se precie de democrática, inclusiva y participativa.

En este camino saludamos el debate en Uruguay y festejamos el triunfo del NO a la BAJA.

 

Clavo mi remo en el agua

Llevo tu remo en el mío

Creo que he visto una luz al otro lado del río

(Drexler)

21 octubre, 2014

Luego de casi 6 años de búsqueda intensa por parte de familiares, amigos y organizaciones sociales, apareció sin vida el cuerpo de Luciano Arruga. Como transcendió en diferentes medios de comunicación la versión oficial asegura que el joven habría sido atropellado en la vía rápida de la General Paz y operado en el Hospital Santojanni, donde luego murió. Fue inhumado como NN en la Chacarita… en el año 2009… Siendo identificado recién el viernes pasado… en 2014.

La hermana y madre de Luciano Arruga. Imparables en su lucha por la verdad

La muerte se habría producido en la misma noche en que la familia de Luciano denunció su desaparición.  A pesar de que su madre se hizo presente en el Hospital Santojanni en ese momento preguntando por su hijo, no se hizo ningún cotejo con el cuerpo que en ese momento estaba en el centro médico. Lamentablemente, el recorrido por cementerios y hospitales suele formar parte del repertorio habitual de búsqueda ante la angustia y la incertidumbre frente a la desaparición de un ser querido.

El expediente detalló que el cuerpo del joven, entonces NN, presentaba traumatismos en la cabeza, un brazo, el torso y los tobillos, que las lesiones se habían debido al accidente de tránsito y, que pese a que el joven fue intervenido quirúrgicamente, la  gravedad de las lesiones ocasionaron su muerte. Estos datos recientes no invalidan ni desmienten lo que sabíamos hasta ahora: que la búsqueda de Luciano y el curso de la investigación fueron limitados y entorpecidos en forma sistemática y persistente, y que la causa estuvo atravesada por desidias, “casualidades” y hechos confusos (Ver nota de Página/ 12 Una sumatoria de desidias y torpezas). Difícil resulta comprender que simplemente fue un accidente cuando a pocas semanas de la desaparición del joven “un chico del barrio se quebró y contó a la familia que un compañero de secundaria había estado detenido junto a Luciano, y que ambos habían sido ‘reventados a palos’. Este chico lo vio a Luciano aparentemente muerto en la delegación, y por eso estaba muy asustado. ‘Nos mataron a golpes, a Luciano lo vi muy mal’, había dicho. Se habría cumplido la amenaza que recibió en septiembre, cuando lo detuvieron y lo llenaron de moretones” (Ver nota Pagina/12 La Fallida Investigación).

Hasta aquí, la información, la nueva, la que como una bofetada pretende insultar nuestra inteligencia, la que nos viene a querer convencer que nuestra lectura era conspirativa, que Luciano no murió a manos de la policía, sino que simplemente, fue víctima de un accidente. Si algo puede achacársele al Estado es desidia en la investigación de carácter burocrático, desidia en la celeridad en los trámites de enterrar un cuerpo NN sin agotar instancias de identificación, desaire y maltrato a los familiares en sus pedidos de búsquedas, en la desafectación de las aspiraciones jurídicas cuando no encuentran canalización a través de los intérpretes autorizados que las conviertan en justiciables. La versión oficial se ha encargado en estas horas de ocultar la violencia institucional y la muerte instigada por el propio aparato estatal.

El caso de Luciano y el desencadenamiento de su causa dejan al descubierto la racionalidad y el funcionamiento del poder policial. A Luciano intentaron reclutarlo para que delinquiera para la policía, fue víctima del intento de sumisión de su cuerpo y sus deseos, tratando mediante la cooptación de disciplinarlo como “pibe chorro”, para que así cumpliera con la profecía que vincula a los jóvenes pobres del Conurbano Bonaerense con la trayectoria delictiva.

Acompañamos a familiares y amigos de Luciano Arruga en este momento tan doloroso y esperamos que las agencias estatales después de casi 6 años de desidia y maltrato trabajen de una vez por todas para esclarecer la desaparición forzada y muerte de Luciano Arruga. 

Equipo del Observatorio de adolescentes y jóvenes

6 octubre, 2014
OC
          Imagen obtenida de Cencos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el pasado 19 de agosto de 2014 la Opinión Consultiva número 21 promovida por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay titulada: “Derechos y garantías en el contexto de migración y/o en necesidad de protección”[1]. Este documento si bien no tiene carácter vinculante, procura establecer un piso mínimo de protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes en América Latina y el Caribe.

La opinión consultiva forma parte de un conjunto de estrategias que se están emprendiendo desde los organismos de Derechos Humanos ante las situaciones de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes en la Región[2]. Es oportuna ante la emergencia humanitaria que se vive en la frontera de Estados Unidos y México así como en las fronteras internas de Centroamérica. Si bien estas situaciones resultan extremas, los riesgos a los que se exponen los niños, niñas y adolescentes migrantes son similares en el resto de la región: violencias físicas y psicológicas; exposición a ser víctimas de trata o de explotación laboral, privaciones de libertad; privación de derechos sociales, económicos y culturales, expulsión y separación de sus familias.

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